Friday, January 8, 2021

Los procesos de reforma y modernización de la lengua española

El español es una lengua que, a lo largo de su historia, ha sufrido varias y grandes reformas, a pesar de la aparente continuidad de sus recursos y del espejismo que causa su grafía (casi) fonológica, que es resultado de esas reformas. Alguna de las mismas coincide con una de las grandes etapas de la formación del español, lo cual no tiene nada de extraño. Es natural que los momentos de mayor preocupación por la lengua se manifiesten tanto teórica como prácticamente: en la voluntad del cambio y en la realización del mismo, respectivamente, sin confundir la evolución de la lengua, un proceso natural, con la reforma de la misma, resultado de una acción programada. 

El español ha sido reformado, intencionalmente, en cuatro grandes momentos o  periodos:  en el siglo  XIII  con  el  Rey  Alfonso  X el Sabio; en el siglo XVI, con el triunfo cesáreo de la  idea  de lengua vulgar imperial y universal; en el siglo XVIII, con la creación de la Real Academia Española (1713), la publicación del Diccionario de Autoridades (1726-39) y el intento relativamente fracasado de enciclopedismo y racionalismo de Luzán, Jovellanos o Feijoo, y en el siglo XX, especialmente desde 1965, con la renovación de las instituciones académicas con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) o la imprescindible preocupación generalizada por la adaptación de tecnicismos, vital para la cohesión del mundo hispanohablante y por ello relacionada, aunque sea parcialmente, con el viejo tema de la pureza lingüística y con el más moderno de la norma hispánica, explícito desde los trabajos de Ángel Rosenblat a partir de 1967. El problema de los tecnicismos repercute en la actividad de instituciones especiales, tal la Comisión de Vocabulario Técnico de las Academias, resultado  del  III  Congreso de Academias (Bogotá, 1960, resolución XX), para resolver problemas ya planteados por  Marañón  en  Madrid,  en  1956  (II  Congreso), la Comisión  Permanente  de la Asociación  de  Academias  de  la  Lengua  Española, o en el sector público: Oficina Internacional de Información y Observación del Español, OFINES, en el Instituto de Cultura Hispánica,  de  tan  importante labor y tradición, englobado después en el Instituto de Cooperación Iberoamericana y, por último, en el  sector  privado,  con  los  comités para la corrección de la lengua de la publicidad o empresas especificas preocupadas por un léxico particular, desde muy pronto, como prueba el diccionario de términos computacionales de I.B.M. (1972), las grandes agencias de noticias y los diarios españoles y latinoamericanos con sus “libros de estilo”. A ello hay que sumar la intención de coordinar la enseñanza de la cultura española y las lenguas de España en el exterior, con el Instituto Cervantes, que se une a la valoración de la lengua como activo económico.

Puede resumirse, por tanto, la consideración histórica, diciendo que en el español hay, a lo largo del tiempo, una costumbre de reforma, en cierto modo periódica: cada dos o tres siglos la lengua sufre una modernización suficientemente profunda como para marcar una diferencia entre el periodo anterior y el siguiente, si bien, de modo en cierto sentido paradójico, la última gran reforma especifica parece ser la del XVIII, mientras que la voluntad de reforma del siglo XX, probablemente por las dificultades históricas internas, puede ser algo nacido a partir de la segunda guerra mundial, hacia 1950, y concretado, por ahora, en realizaciones esporádicas, aunque no sin importancia. Podría pensarse por ello en una situación paralela, si bien intrínsecamente muy distinta, a la del siglo XVI en relación con el XIII; en efecto, en los siglos XIII y XVIII se formularon lo que se podría llamar «reglamentaciones específicas de la reforma»: el propio rey Alfonso, en el primer caso, intervino directamente en la misma y señaló de puño y letra (él por sí se) los reflejos en los textos de sus directrices fundamentales, mientras que Felipe V no estuvo lejos, en el segundo, de la acción de la Real Academia Española, cuyas sanciones aceptó, hasta el punto de hacer su ortografía obligatoria en la imprenta, su diccionario oficial -hasta hoy valido como  referencia  en  los  tribunales de justicia, por ejemplo-- y su gramática texto normativo y obligatorio en la escuela. Así, las reformas del XIII y del XVIII son institucionales, de la escuela real, el escritorio alfonsí, o la célebre Escuela de Traductores de Toledo, en el primer caso, y de la Real Academia Española, en el segundo. La mentalidad reformista del XVI arrancó, en cambio, de la comprensión de la cultura humanística como objeto de la norma de la escuela. La preocupación colectiva se plasmó en obras individuales, desde Nebrija a Pedro Simón Abril o Luis Vives. Los intentos individuales de reforma llegaron a diferentes resultados; pero, en general, el individuo no triunfa. De ellos son testimonio obras como la Ortografia Kastellana, nueva y perfeta de Gonzalo Correas (Salamanca, 1630), epígono tardío de la idea renovadora del XVI, que se prolongó en los movimientos barrocos del XVII. Culteranismo y conceptismo fueron fundamentales para la ampliación del léxico culto. En los siglos XIX y XX fracasaron igualmente los intentos reformistas, iniciados de manera individual por reformas como la ortográfica de Andres Bello y después la de Juan Ramon Jimenez, mucho más modestas que la de Correas. Tampoco han logrado mejor suerte -dicho sea de paso-- iniciativas colectivas aisladas, como la propuesta de la academia cubana, en 1960, al III Congreso de Academias, para simplificar la ortografía, dejada en suspenso, o la de Filipinas, en 1964 en el IV Congreso, sobre el empleo de símbolos fonéticos, aceptada sólo como solución didáctica in extremis y con serias advertencias. Estos intentos vanos de individuos o grupos aislados no impiden que, en cambio, la colectividad imponga sus normas, y fruto de ello es el paso del castellano medieval al español clásico, o el desarrollo del español actual, con su exuberante floración literaria en el siglo XX.

El carácter colectivo de la preocupación por la lengua y su reforma hace que los escritores y científicos estén en pleno centro de los movimientos señalados. A ello, en el caso del español, cabe sumar   la acción   de los que   podrían   llamarse «políticos» u «hombres de estado». En las cuatro reformas ha habido motivos por los cuales el Estado ha sido una o parte de las causas de  la  reforma:  en el siglo XIII  porque  quien  la  impulsa  es  el propio  rey, literato y científico, centro de estas actividades, receptor, adaptador y transmisor de la vital influencia árabe en  Europa;  en  el  siglo  XVI  porque  el  leit-motiv  es  la   lengua   como   compañera   del   Imperio, lo cual se vincula a la misión transcendente de difundir el mensaje cristiano en las tierras americanas recientemente descubiertas.  Todo esto se une a una floración literaria   excelente (el Siglo de Oro) y, políticamente, se sitúa en la organización de la Corona por el Emperador y su hijo Felipe II. En el siglo XVIII, aunque hubiera oposición entre las fuerzas actuantes, no cabe olvidar que el rey es el primer respaldo de la Academia, a la que pertenecen notables políticos, literatos o científicos al mismo tiempo. También hay que tener en cuenta que, dentro y fuera de la Academia, la influencia enciclopedista y racionalista, vinculada a los aires franceses de los Borbones, dio una orientación distinta a la vida intelectual española, relegando lo correspondiente a la dinastía anterior, de los Austrias y tratando de introducir criterios y modos ajenos a la tradición cultural española.

La reforma del siglo XVIII, que es una reforma técnica fundamental, fue obra, principalmente, de la Real Academia Española, en la que se hizo abundante acopio de conocimientos lingüísticos. Recuérdense igualmente la postura abierta de Jovellanos o el empeño depurador del léxico del padre Feijoo, abriendo también la puerta a las innovaciones necesarias.  La Academia reformó la Ortografía en 1726, 1741, 1763 y, finalmente, 1815, que es la que, con pequeñas modificaciones, rige hoy; reformó el estudio gramatical con su Gramática, cuya cuarta edición, de 1796, se mantuvo en lo fundamental hasta 1918-20 y elaboró el excelente Diccionario de Autoridades (6 vols., 1726-39) en un tiempo récord.

En el siglo XX, por   último,  el  desarrollo de la noción de Hispanidad, a partir  de  las  ideas  de  Ramiro  de  Maeztu, la conciencia del peligro de fragmentación lingüística,  presente en Miguel  de  Unamuno  o  Dámaso  Alonso,  y  la  coincidencia en la praxis americana de los distintos regímenes españoles, con autoritarismo, o con la unión de las democracias formales hispanohablantes, hicieron que el problema de la lengua fuera central. A ello se sumó la la participación de políticos, literatos y científicos vinculados al bando republicano, en el exilio posterior a la guerra civil española (1936-1939). El exilio español fue de gran repercusión en el desarrollo de las culturas americanas, como es notorio y reconocido.

Los lingüistas también han participado de la reforma que se lleva a cabo desde 1965:  además de la Real Academia, el Centro de Estudios históricos inició, antes de la guerra, algunas obras que quedaron interrumpidas o vieron la luz años después, a veces de forma incompleta, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), o el Tesoro Lexicográfico. La Oficina Internacional del Español (OFINES) editó la revista Español Actual.

Sin embargo, no cabe duda de que en el planteamiento del siglo XX primaron los aspectos técnicos, de lo que son buena muestra los trabajos de académicos como Rafael Lapesa, Manuel Seco o Ignacio Bosque, los diccionarios técnicos o específicos de préstamos lingüísticos y otras obras, como la recuperación del patrimonio lexicográfico por Manuel Alvar Ezquerra. Oficialmente, es la Comisión Permanente de las Academias, desde 1965, la que ha ido levantando acta de la evolución y reforma de la lengua, sin que haya institución encargada de la guía coercitiva del idioma, pues este concepto normativo no parece tener fuerza, en esta época, para las grandes lenguas de cultura. 

En general, el papel de los medios de masas en esta reforma y modernización consciente de la lengua ha sido nulo en España. Es cierto que, inconscientemente, son la vía por donde han penetrado en el español elementos léxicos nuevos y se han generalizado construcciones sintácticas innovadoras; pero ese carácter inconsciente es culpable, en buena parte, de crear confusión, más que orientación. Podría decirse, por ejemplo, en lo que concierne a la prensa, y ello tanto en España como en América (y en general, repetimos), que, salvo excepciones muy concretas, ha prestado más atención a polémicas y discusiones de gramáticos que a una labor de modernización oportuna y dirigida de la lengua. La radio y la televisión se han hecho eco de estas cuestiones de modo esporádico. Internet, en cambio, es muchísimo más activo, sobre todo por la proliferación de blogs y páginas individuales o de varios centros muchas veces de enseñanza secundaria, con presencia explícita de la norma. El Instituto Cervantes, la institución encargada de difundir en el mundo las lenguas y la cultura españolas, tiene una amplia cobertura electrónica; pero las estadísticas dicen que el portal de la Real Academia Española es el mayor receptor de consultas sobre el español. Sin embargo, ni con la Nueva Gramática ni con la Ortografía la Academia se ha planteado su función normativa ni una reforma profunda. Se ha impuesto lo descriptivo. 

América, sin embargo, presenta algunas diferencias en relación con España. Son varias las disposiciones legales, leyes de defensa del idioma, de noticias como la de que el municipio de Montevideo tiene una disposición por la cual se examinan lingüísticamente (no sabemos cómo) los carteles y signos externos; pero además hay que tener en cuenta la distinta tradición periodística hispanoamericana, aunque periódicos españoles, como La Vanguardia de Barcelona, pudieran alinearse con los americanos. En realidad, referirse a lo que fueron la sección de Arturo Capdevila en La Prensa de Buenos Aires o de Luis Flórez en El Tiempo de Bogotá, no corresponde a una labor continua y meditada de uso reformador de la prensa, sino a actuaciones individuales. Más directa fue la acción de la Academia Venezolana, con su corrección de expresiones usuales por medio de su hoja periódica: La limpieza de la lengua, o el Boletín de la Academia Colombiana, bimensual. Esta última institución es legalmente activa y orientadora, como cuerpo consultivo del gobierno en las materias de su competencia, lo cual, dicho sea de paso, es bastante más que el triste papel que los políticos permitieron a la Española en la discusión del propio nombre de la lengua en la Constitución. Por la vía consultiva de los colombianos, que dista mucho de ser general, podría llevarse a cabo la labor necesaria de reforma y modernización continuas de la lengua. Vale la pena notar, para los planificadores del lenguaje, que el español dispone de los instrumentos de posible aplicación, faltan la coordinación y el impulso político que los emplee: es un problema de decisión, no de infraestructura.


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