Consecuencias lingüísticas del "trumpazo"

A las 2:45 de la mañana de este miércoles 9 de noviembre de 2016 se produjo un hecho que hay que leer como demostración del valor de la democracia: la Sra. Clinton llamó al vencedor de las elecciones presidenciales norteamericanas para reconocer el resultado. El sistema político continúa, aunque parece claro que se presentan muchos cambios en las actuaciones concretas y que esos cambios van a afectarnos a muchos que hubiéramos deseado otro resultado y que tendremos que defender posiciones y puntos de vista que deben pervivir, a la espera de una oportunidad futura. Desde el punto de vista lingüístico, que es el que nos concierne aquí, conviene dibujar un primer marco social, para encuadrar la situación de lenguas y hablantes en la nueva presidencia de los Estados Unidos.

La tradicional confusión hispana de la realidad con los deseos había dibujado un panorama en el que los latinos se configuraban como los determinantes del futuro político de los EUA, los grupos de presión hispanos se preparaban para ir ocupando nuevos puestos y establecer influencias y territorios nuevos. Las listas de latinos que se suponía ocuparían puestos de responsabilidad, patrocinadas por instituciones como el Latino Victory Project o la National Hispanic Leadership Agenda, pasarán a papel mojado. Las perspectivas económicas y los contratos anhelados por grupos latinos siguen en el terreno virtual. Lo que ocurre es que la conjunción de votantes no blancos sumados a los blancos que estamos por la Fraternidad junto a la Libertad y la Igualdad ha tenido que ceder ante el voto blanco conservador, mayoritariamente basado en niveles medios y bajos de renta y de educación: el voto de la América oculta que se ha cansado, al parecer, de un sistema que sólo contaba con ellos pasivamente.

1) Territorio de las trece colonias originales; 2) Territorios anexionados 

en 1773;  3) Territorios adquiridos a Francia en 1803 y anexión de 

Florida en 1812; 4) Colonización del Noroeste; 5) Territorios 

incorporados en 1848 tras el tratado de Guadalupe Hidalgo 

con México; 6) Rectificación de fronteras en 1854 tras la compra 

de La Mesilla. Las cifras indican la fecha de constitución de los 

Estados de la Unión, marcados con trazos finos.

Si esa actitud pasiva permanece, seguirán valiendo las constantes: los Estados Unidos no tienen una lengua oficial. El principio que rige la atención al ciudadano, en español y en otras lenguas, está marcado por un conjunto de disposiciones legales de diverso rango, que deben enfocarse como justificación legal de traductores e intérpretes. Dos de esos principios se encuentran en las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, es decir, forman parte de uno de los principios jurídicos fundamentales, el Bill of Rights. Las enmiendas a la Constitución que recogen estos derechos son la quinta, la sexta y la decimocuarta. La quinta enmienda se refiere a los derechos de los procesados e incluye el debido proceso legal, que se interpreta como la posibilidad de entender las acusaciones que se le formulen y poder exponer en su propia defensa. Aunque la enmienda no lo diga explícitamente, la consecuencia es que cuando el procesado no puede hacerlo en inglés, el Tribunal debe proporcionarle servicios de traducción e interpretación. El espíritu de la quinta enmienda se explicita en la sexta, en la cual se aclara lo que significa la presencia del procesado en el procedimiento legal. Por presencia se entiende, además de la presencia física, el acceso al conocimiento directo de los procedimientos, para a) colaborar en la propia defensa mediante la participación activa, b) recibir ayuda de los abogados y ayudarlos también, con datos e informaciones completas y comprensibles, 3) confrontar las declaraciones de los testigos del fiscal, con derecho al interrogatorio de la defensa y 4) renunciar a estos derechos constitucionales de modo consciente, inteligente y voluntario. Evidentemente, para hacer lo anterior es preciso disponer del correspondiente acceso lingüístico, lo que de nuevo implica la presencia de traductores e intérpretes en los tribunales; pero también la necesidad de que las pruebas que se presenten hayan sido debidamente traducidas para que el acusado pueda comprenderlas. Esas exigencias en la aplicación de la Ley benefician también a los residentes legales, aunque no sean ciudadanos en el sentido estricto. Esta extensión es la que se recoge en la decimocuarta enmienda. Hay, naturalmente, otras bases legales de carácter internacional, como la Declaración de los derechos humanos o los Derechos de mujeres y niños, firmados por todos los países miembros de las Naciones Unidas, o la Convención de Ginebra.

La Ley Federal de Derechos Civiles (Civil Rights Act) publicada el 2 de julio de 1964 (Pub.L. 88-352, 78 Stat. 241, July 2, 1964) fue el paso definitivo hacia el reconocimiento de los derechos de las minorías y contra su discriminación. El título VI merece destacarse, porque ha sido la base que ha permitido sostener los esfuerzos de los servicios públicos en español: impide la discriminación por organismos (agencias) del Gobierno que reciban financiación federal. Si se demuestra que uno de estos organismos ha violado el título VI, puede perder la financiación federal. En el futuro inmediato está previsto intensificar el recurso a él por los pacientes de hospitales, que reciben buena parte de sus fondos del gobierno federal, puesto que así se explícita (42 U.S.C §§ 2000d - 2000d-7, TITLE 42 - The Public Health and Welfare, SUBCHAPTER V - FEDERALLY ASSISTED PROGRAMS Sec. 2000d.):  “prohibición contra la exclusión de la participación o la denegación de beneficios y la discriminación en el marco de programas con financiación federal por razones de raza, color o nacionalidad originaria”.  El concepto de “nacionalidad originaria” es el que más importa aquí, puesto que se entendió desde el principio que lleva implícito el de diferencia lingüística y, por tanto, conocimiento limitado de la lengua inglesa. Otras series de decretos y normas han ido regulando distintos aspectos, como la actuación de traductores e intérpretes en los tribunales. La última gran mejora de la atención lingüística se promulgó en 2000, mediante un decreto del presidente Bill Clinton (Presidency of the United States, Executive Order 13166, ‘Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency,’ August 11, 2000)[1]. En la sección primera, al definir sus propósitos, se afirma que “El Gobierno Federal proporciona y financia un conjunto de servicios que pone a disposición de personas que podrían ser beneficiarias de ellos, pero que no son competentes (proficient) en la lengua inglesa. El Gobierno Federal se compromete a mejorar el acceso a estos servicios para las personas con competencia limitada en inglés" (las siglas en inglés son LEP, “limited English proficiency”). El Gobierno hace explícito al mismo tiempo que este compromiso va unido al desarrollo de programas para el aprendizaje del inglés. Importa destacar que lo que se resalta es el acceso de todos a los servicios que las instituciones o agencias federales ofrecen, independientemente de su competencia lingüística, es decir, en plena coherencia con el espíritu de las disposiciones sobre la traducción y el uso lingüístico que se han ido presentando.

En suma, los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos están protegidos por una legislación lingüística rica y compleja. Hasta hace poco, el público no ha tenido una conciencia clara de ello. Cada vez más, se invierte esta situación, los afectados recurren más y las instituciones se cuidan cada vez más de ofrecer este servicio público. Esta protección se apoya, sobre todo, en el gobierno federal. Tras las elecciones de 2016 el nuevo gobierno republicano controla las dos cámaras y tiene además la posibilidad de completar a su gusto los nombramientos pendientes del Tribunal Supremo, lo que llevaría la tesis de los tres poderes a sus límites teóricos. Las consecuencias sobre las lenguas distintas del inglés pueden ser grandes.

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Sesenta y cinco organismos federales, más las Fuerzas Armadas y las Agencias de Seguridad, que tienen sus programas lingüísticos, hacen que el número de organizaciones federales que ofrecen servicios lingüísticos en español sea muy elevado. Considérese también, de todos modos, que estos servicios se suelen ofrecer de manera incompleta. Cuando se accede a los portales de internet de muchas de estas organizaciones, puede ocurrir que sólo una parte de la información esté en español y se advierta de la que sólo se encuentre disponible en inglés. Todas las agencias federales y estatales tienen portales de atención al ciudadano. Las listas completas están disponibles en www.usa.gov/gobiernousa/Agencias/index.shtml (federales) y https://gobierno.usa.gov/agencias-estatales (estatales y locales). Aunque a veces los portales son plurilingües y ofrecen su información en lenguas como el chino o el árabe, lo habitual es que las dos lenguas empleadas sean el inglés y el español. Esta preferencia lingüística es general y se refleja en todo tipo de actividades, como, por ejemplo, la campaña contra el manejo de automóviles en estado de ebriedad. Para ayudar a elevar el conocimiento sobre la campaña, el Congreso de los Estados Unidos aprobó para la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) la suma record de catorce millones de dólares para producir anuncios de ámbito nacional y colocarlos en programas nacionales de radio y televisión en español e inglés para que estos coincidan con la Campaña Nacional para Tomar Medidas Drásticas Contra los Conductores Ebrios. Volviendo a internet, muchos de esos portales bilingües, sin embargo, ofrecen en español la página de entrada y luego advierten que algunas de las informaciones sólo están disponibles en inglés, de manera que, cuando se entra en ellos hay que estar preparado para encontrar el camino clausurado un poco después.

Parada cardíaca

Frente a la actitud del gobierno federal en apoyo de los derechos lingüísticos de las minorías, los estados han tomado, mayoritariamente decisiones contrarias, a favor del inglés como lengua oficial. Son ya treinta y dos los estados que reconocen el inglés como lengua oficial y, lo que es significativo, en la historia del proceso o al frente de organizaciones como U.S. English Only hay nombres como S.I. Hayakawa o Mauro E. Mujica, lo cual conforma una senda ininterrumpida de lo que técnicamente se conoce como "deslealtad lingüística". La campaña electoral republicana se ha caracterizado por un uso constante y dominante del inglés en todas sus manifestaciones o, cuando se ha producido, el empleo de un español ajeno a toda norma o consideración cultural. La postura del nuevo presidente quedó clara en la campaña cuando exigió a su contrincante republicano Jeb Bush "dar ejemplo y hablar en inglés mientras esté en los Estados Unidos". Aunque personalmente estoy convencido de que las cifras de 53 millones de hablantes de español en los Estados Unidos que se citan por organismos oficiales españoles incluyen a los que sólo saben decir "muchos grasias, no hay poblema", también lo estoy de que el español, frente a otras avispadas opiniones, sí tiene nietos en este país, por lo que la actitud del gobierno federal afectará las vidas de millones de personas durante varias generaciones. Todos ellos quieren seguir hablando una lengua internacional que forma parte de sus raíces. El tiempo dirá si la pesadilla no ha hecho más que comenzar o si se impondrá el sentido común.

Los interesados en estos temas pueden también leer:
"Consecuencias lingüísticas del Brexit"
y, para algunos aspectos relacionados, de la serie de los mitos:
Algunas realidades del español de los Estados Unidos de América

 

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[1] Este decreto, típico de la imagen ejecutiva norteamericana, está firmado “a bordo del Air Force 1”, el avión presidencial: el Presidente no descansa.